En un artículo del 19 de mayo, considera que se ha roto la cohesión que hasta ahora habían mantenido las clases dominantes. Para él, que el gobierno haga concesiones al sector agrario “implicaría aproximar el precio local de esos productos a su creciente cotización mundial, agravando el encarecimiento de la canasta básica. Este aumento tiende a revertir la disminución del índice de pobreza, que se ubicaría actualmente en un 30,3% luego de haber tocado el piso de 26,9 % a medidos del 2006.”
Aunque persiste una favorable coyuntura comercial internacional, en el panorma económico loca se avizoran fuertes turbulencias. Los beneficios fáciles que siguieron a la hiper-devaluación se han extinguido, junto al agotamiento de la transferencia regresiva de ingresos. Se han disipado tanto la capacidad ociosa, como los salarios formales abaratados y el consumo demorado que predominaron entre el 2002 y el 2007. En un escenario más difícil todos reclaman una tajada de la renta agraria. Los ruralistas porque la consideran propia y el gobierno porque debe afrontar crecientes gastos para sostener un modelo de subsidios a los capitalistas de la industria y los servicios.
Tres grandes sectores controlan la elevada rentabilidad que genera esa oleaginosa. En primer lugar, los contratistas (“Pool de siembra”) que se nutren de fondos de inversión y operan en gran escala sobre las tierras arrendadas. Grobocopatel, por ejemplo, es solo propietario del 10% de las 150.000 hectáreas que explota.
Los proveedores de agroquímicos (Monsanto, Dyupont, Bayer) conforman el segundo grupo de beneficiarios. Acaparan lucros mediante la fuerte dependencia que tiene la producción de soja de las nuevas semillas y fertilizantes. El tercer sector que se enriquece aceleradamente está constituido por cinco grandes compañías exportadoras, que manejan el 90 % de las ventas, con beneficios corrientes que superan ampliamente los 1.000-1500 millones de dólares disputados con la introducción de las retenciones móviles.
En esa cadena de comercialización -que principalmente controlan Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera y Aceitera General Deheza (AGD)- se procesan los principales beneficios de la soja. El cultivo es manejado desde la tranquera hasta el barco por un enjambre privado de acopiadores, puertos y molinos. De esa actividad participan también los agro-financistas, que operan mediante compras y ventas a futuro, a través de acciones especulativas que podrían ser afectadas por las retenciones móviles, si establecen un diagrama más previsible de evolución de los precios.
Ninguna voz del bloque ruralistas ha cuestionado este circuito capitalistas. Despotrican contra las regulaciones oficiales, pero no han dicho una sola palabra contra los mayores dueños de este negocio.
